Preguntas frecuentes sobre insolvencia económica en Colombia.

La insolvencia de persona natural es un régimen del Código General del Proceso, actualizado por la Ley 2445 de 2025, que permite negociar deudas con acreedores, convalidar ciertos acuerdos privados o solicitar una liquidación patrimonial. No significa que las deudas desaparezcan al presentar la solicitud: primero debe verificarse el cumplimiento de los requisitos y aceptarse el trámite.

La reforma también permite que algunas personas naturales comerciantes utilicen este régimen, mientras otras continúan sujetas a la Ley 1116 de 2006. Por eso la clasificación del solicitante debe hacerse antes de escoger el procedimiento.

En Colombia no basta con “declararse insolvente”. Los principales efectos comienzan cuando la autoridad acepta la solicitud. Desde ese momento, y con las excepciones legales, se impide iniciar nuevos cobros ejecutivos, se suspenden los que están en curso y se suspenden descuentos automáticos o por libranza, salvo obligaciones alimentarias.

El deudor debe revelar y actualizar de forma completa sus obligaciones, bienes, procesos y cambios relevantes, además de atender los gastos causados después de la aceptación. Si la negociación fracasa, el acuerdo es anulado o se incumple sin subsanación, puede abrirse la liquidación patrimonial. El proceso tampoco elimina automáticamente reportes de información financiera.

La negociación o reestructuración busca alcanzar un acuerdo de pago conforme a la capacidad real del deudor y conservar, cuando sea posible, sus activos. Los acreedores participan mediante las reglas de voto y el acuerdo aprobado obliga en los términos legales.

La liquidación patrimonial es judicial y busca inventariar, valorar y adjudicar los bienes para atender las obligaciones según su prelación. Después de la adjudicación, ciertos saldos pueden convertirse en obligaciones naturales, pero existen excepciones importantes por alimentos, ocultamiento de información, simulación u otras conductas previstas por la ley. No debe presentarse como un “borrón automático” de deudas.

Para la persona natural, la Ley 2445 de 2025 considera cesación de pagos el incumplimiento de dos o más obligaciones con dos o más acreedores durante más de 90 días, o la existencia de dos o más procedimientos públicos o privados de cobro. Además, las obligaciones relevantes deben representar por lo menos el 30 % del pasivo total, sin contar determinados créditos que siguen pagándose efectivamente por nómina.

Estos son presupuestos generales. También debe establecerse si la persona es comerciante, no comerciante o controlante de una sociedad, porque esa condición puede cambiar la autoridad y el régimen aplicable.

Además de demostrar la cesación de pagos, la solicitud debe incluir, entre otros elementos, un informe de las causas de la crisis, una propuesta clara de negociación, la relación actualizada de acreedores, bienes, obligaciones, procesos judiciales, ingresos, recursos disponibles y la información sobre sociedad conyugal o patrimonial. La información se presenta bajo gravedad de juramento.

La solicitud puede ser presentada directamente por el deudor, aunque la asistencia mediante abogado es obligatoria cuando se supera la mínima cuantía prevista legalmente. Antes de radicar conviene verificar la competencia del centro de conciliación, la notaría o el juez y revisar que no falte ningún acreedor o activo.

La negociación de deudas tiene un término legal de 60 días desde que queda en firme la aceptación. Puede prorrogarse 30 días por solicitud conjunta del deudor y un acreedor con derechos conciliados; para el deudor comerciante puede existir una prórroga adicional de hasta 90 días con la mayoría exigida.

Ese término se suspende mientras se resuelven controversias ante la jurisdicción civil y durante la vacancia judicial. La liquidación patrimonial no tiene un plazo único comparable: su duración depende del inventario, objeciones, posesión del liquidador, venta o adjudicación de bienes y carga del juzgado. Por eso no es responsable prometer una fecha exacta de terminación.

No existe una consulta única que reúna todo “el historial de insolvencia” de una persona. Si el asunto llegó a un juzgado, puede buscarse en la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial por número de radicación, nombre o razón social. Los procesos empresariales se consultan en los sistemas de la Superintendencia de Sociedades.

Cuando la negociación se tramita ante un centro de conciliación o una notaría, la copia y el estado deben solicitarse al operador que conoce el expediente. Los reportes de centrales de riesgo son bases distintas y no prueban por sí solos la existencia o terminación de un proceso de insolvencia.

Puede acudir a centros de conciliación autorizados, notarías, consultorios jurídicos universitarios, personerías o Defensoría del Pueblo, según la naturaleza y cuantía del caso. Algunos centros públicos o consultorios jurídicos ofrecen atención gratuita dentro de los límites legales.

También puede contratar asesoría privada, como la orientación jurídica y patrimonial de LEX SOLVA. Antes de pagar, verifique quién prestará el servicio, su tarjeta profesional cuando corresponda, el alcance contractual, los costos, la autoridad ante la cual se radicará y que no se prometan descuentos o resultados garantizados.

Una asesoría especializada puede clasificar al deudor, revisar requisitos, organizar acreedores y obligaciones, inventariar activos y procesos, calcular la capacidad de pago, preparar una propuesta, acompañar la radicación y representar al cliente cuando la ley o el contrato lo dispongan.

También puede apoyar audiencias, objeciones, cumplimiento del acuerdo o liquidación patrimonial. Ningún proveedor responsable puede garantizar la aceptación del trámite, una condonación específica o la terminación en una fecha exacta, porque intervienen acreedores, conciliadores, jueces y evidencia documental.

No existe una plataforma universal para “declararse insolvente”. En los procedimientos de persona natural, los centros de conciliación y las notarías deben disponer de medios electrónicos para audiencias, comunicaciones, notificaciones y recepción de documentos, pero la solicitud debe dirigirse al operador competente.

Para insolvencia empresarial, la Superintendencia de Sociedades ofrece el Módulo de Insolvencia —MI— para solicitudes como reorganización ordinaria y liquidación judicial. La Rama Judicial permite consultar procesos, pero su consulta pública no sustituye la radicación ante la autoridad competente.